La aparición de cuatro casos de COVID-19, en dos días, en el distrito de Lambrama, en Abancay, ha puesto en prueba a una población campesina que, en esta época del año, se apresta a realizar labores de cosecha de maíz y papa, con cuya escasa y ajustada producción asegura su subsistencia, en clima de pobreza y pobreza extrema.
La época es tradicionalmente importante para los lambraminos, porque además de buscar los alimentos que serán almacenados para el sustento familiar del resto del año, es ocasión para el ancestral wakamarkay, que permite a los lugareños identificar a sus animales de crianza, vacunos y equinos, en jornadas de convocatoria masiva de comuneros. La situación actual de pandemia, obliga a mirar con mucha atención el desarrollo de estas actividades productivas y costumbristas.
Esta inusual y no deseada situación, también permite descubrir que así como los lambraminos, mayoritariamente campesinos dedicados a la pequeña agricultura y ganadería de subsistencia, de crianza casi artesanal; los pobladores de las áreas rurales del país no tienen a qué protocolos de bioseguridad, vigilancia, prevención y control aferrarse, para hacer frente al letal virus.
Sucede que la andanada de decretos y resoluciones emitidos para encarar al COVID-19, para promover el “reinicio de actividades” o para fomentar la “reactivación económica”, soslaya temerariamente a la población rural a la que nos referimos. Los productores de menor escala, que realizan actividades agropecuarias solo para su consumo familiar, no cuentan en estos protocolos.
Al disponer los “Protocolos para actividades del Sector Agricultura y Riego”, el gobierno sostiene que este “aporta al crecimiento económico, a la seguridad alimentaria y a la reducción de la pobreza rural en el Perú, al coadyuvar con singular importancia en el empleo directo y la generación de ingresos, dado que el sector reviste de alta importancia en el proceso de reactivación económica del país…”
Sin embargo, dicta recomendaciones y disposiciones de corte universal, destinadas o dirigidas a la realidad de empresas grandes, formalmente establecidas que sí pueden adecuar sus acciones a las exigencias y rigores que se hacen necesarias; y a las que los pobladores rurales, los agricultores de subsistencia, difícilmente podrán acomodarse.
Al determinar las responsabilidades, a pesar que advierte que los productores agrícolas individuales no elaboran plan alguno para la vigilancia, prevención y control del COVID-19; sin embargo, precisa que son responsables de acatar las medidas dictadas. Por cierto, como para empleados, operarios de máquinas, personal con uniforme, con equipos de protección, con horarios de trabajo, etc.
Entre otras exigencias universales, además del lavado de manos, cuidados al estornudar o toser, distanciamiento, etc., recomienda botar a la basura los pañuelos desechables que haya utilizado.
Incluye en esta normativa la necesidad de comunicarse con el 113, en caso haya evidencia de “síntomas leves (tos, dolor de garganta y fiebre)”. Y prosigue, “ante la presencia de síntomas severos (dificultad respiratoria y fiebre alta), comuníquese al 113”. El tan mentado y difícil de contactar 113, que a muchos citadinos habrá causado, por lo menos, dolor de cabeza.
Asimismo pide “usar ropa exclusiva para las labores en el campo y mantenerla fuera del hogar”, además de las “mascarillas y guantes, que luego se debe desechar en el tacho de basura”.
La lectura de estas obligaciones nos lleva a la necesidad de advertir que la mayoría de campesinos, pobladores rurales, por la particularidad de su modo de vida, rayada mayormente en la pobreza, está lejos de estos recursos citadinos recomendados. Sus prioridades son otras, más humanas, más reales.
Es la evidencia de un trabajo de escritorio, sin conocimiento de la realidad del medio rural, de nuestra dura y dramática realidad. Pedir el uso de papel desechable, mascarillas y guantes descartables, ropa de trabajo exclusiva, etc., choca brutalmente con la realidad del campo. Por solo citar un caso, el campesino rural muchas veces apenas tiene una muda de ropa para el uso de todos los días. El rigor de su realidad, el peso de su pobreza.
Para quienes diseñaron estas medidas de protocolo, se trata de un mundo irreal, desconocido que no consideran las costumbres y tradiciones arraigadas en las poblaciones. En el caso de Lambrama, las actividades programadas año a año, son parte de su vida diaria, de su cultura vigente. En ese sentido, no dicen nada los protocolos para el reinicio de estas “actividades productivas” como la cosecha de maíz y papa o el wakamarkay, en comunidades campesinas o centros poblados rurales. Ambas van de la mano, desde siempre.
Hay que saber que los campesinos, los agricultores rurales, realizan sus actividades productivas de manera programada, organizada y zonificada. No improvisan. Las cosechas avanzan en los valles y punas de manera progresiva en las que participan todos los comuneros, en una especie de resurgimiento de la ancestral minka.
Tras la cosecha, se aprovecha la rica acumulación de desechos vegetales, como la chala y pastos, que se convierten en alimento especial para los rebaños de vacunos y recuas de equinos, que para esta época, bajan de las punas en cantidades considerables.
También, en ambiente popular, festivo y masivo se realiza el wakamarkay, que consiste en señalizar a los becerros y terneros, así como a los potrillos, con sellos de hierro candente en las ancas. Señal imborrable de identificación y propiedad.
Para estas actividades tan adentradas en el espíritu comunal, en la vida en común de los pobladores rurales, de los lambraminos, no hay protocolos. ¿Cómo decirles que esta vez será diferente?
Enorme tarea para las autoridades locales, alcaldes, subprefectos, presidentes comunales, personal de salud, para que entendiendo la dureza del momento, en la que debe prevalecer el valor de la vida y la salud, se fijen mecanismos que permitan la realización de las cosechas y wakamarkay.
La municipalidad de Lambrama, ha coordinado con las 19 comunidades del distrito, la programación de cosechas de manera organizada, evitando se crucen unas con otras, bajo esquemas de control y rigor en las que debe predominar la autoridad, a través de los presidentes comunales y seguridad ciudadana, que vigilarán y acompañarán el desarrollo de las actividades en ambiente de tranquilidad y seguridad; evitando desbordes que son comunes en estas jornadas.
Las cosechas aseguran el alimento para los meses siguientes, que debido a la situación actual será crítica y más aún para poblados rurales y pobres. El wakamarkay, asegura la propiedad sobre el animal, que se convierte en un recurso vivo que garantiza recursos para épocas de necesidad apremiante.
Los protocolos señalados para la gran agricultura, deben ser traducidos, adecuados a la realidad del medio rural, con las mismas exigencias pero con otras estrategias y mecanismos. Las autoridades locales, comunales y sanitarias tienen una elevada responsabilidad para afrontar esta situación.
Entre tanto, la población debe asumir su compromiso de acatar las medidas de prevención y contención, a fin de evitar que el virus se siga extendiendo en esas áreas, donde a causa de la precariedad de los establecimientos de salud, puede encontrar un espacio fácil de contagio y posterior e inevitable dolor.
Fuente: agronegociosperu.org
