octubre 1, 2022

Majes – Siguas II: se inicia trato directo para resolver contrato, fase previa para arbitraje en CIADI

La concesionaria de la segunda etapa del proyecto de irrigación Majes-Siguas II en Arequipa, Concesionaria Angostura Siguas -integrada por Cobra Instalaciones y Servicios S.A. y Cobra Infraestructura Hidráulica S.A.- han expresado su voluntad al MEF, ProInversión, Gobierno Regional de Arequipa y Autodema de iniciar el trato directo para resolver el contrato de concesión suscrito con el Estado peruano en diciembre de 2010.

En la misiva remitida a estas instituciones y la que tuvo acceso Gestión se indica que “han transcurrido 11 años desde la firma del contrato de concesión y diferentes circunstancias ajenas a la concesionaria y bajo la esfera de responsabilidad del concedente han impedido que el contrato de concesión se ejecute como estaba previsto, causando un severo perjuicio económico a la concesionaria y frustrando el desarrollo del proyecto”.

Anota -además- que está situación “ha provocado la imposibilidad de cumplir los contratos de concesión conforme a lo previsto”. Lo que ha ocasionado -subraya- “graves perjuicios a los inversionistas”.

El trato directo, cabe recordar, es la etapa previa a la interposición de un arbitraje ante el CIADI con miras a solicitar un resarcimiento económico al Estado peruano por el incumpliendo del contrato de concesión.

La concesiona -igualmente- manifiesta que desde al firma del contrato de concesión se han suscrito una serie de adendas y actas suspendiendo la vigencia de determinadas obligaciones y plazos incluidos en el contrato de concesión, todas -alega- por causas imputables al Estado peruanos por razones de diversa índole, desde acciones judiciales iniciadas por el Gobierno Regional del Cusco y la Municipalidad Provincial de Espinar que condicionaban el proyecto hasta incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales del concedente (Gore Arequipa).

En general, la falta de definición del Estado peruano a lo largo de los años, a sacar adelante el proyecto”, subraya.

-Lo que se somete a trato directo-

La concesionaria -asimismo- da cuenta que somete a trato directo cinco controversias:

1.- El pago de cualquier obligación pendiente bajo el contrato de concesión.

2.- Los daños y perjuicios que han sido causados por la concesionaria en ejecución del contrato de concesión y en ocasión del intento fallido de la adenda 13, incluyendo, pero sin limitarse, los sobrecostos causados por las constantes suspensiones y por los incumplimientos de las obligaciones del concedente.

3.- La resolución (caducidad) del contrato de concesión por los graves incumplimientos del concedente.

4.- Los incumplimientos han generado a la concesionaria una serie de daños y perjuicios, incluyendo, pero sin limitarse, el daño emergente y el lucro cesante, cuya cuantía será precisada oportunamente.

5.- Las obligaciones y derechos de las partes en el procedimiento de entrega a iniciarse como consecuencia de la resolución del contrato, incluyendo, pero sin limitarse el nombramiento oportuno del interventor, el proceso de entrega de bienes de la concesión, el cumplimiento del procedimiento de valorización y pago por caducidad de la concesión, entre otras obligaciones y derechos que surgen como consecuencia de la resolución del contrato. Así como todos lo daños y perjuicios, gastos y costos que tenga que soportar la concesionaria con ocasión y a partir de la caducidad del contrato.

Cabe recordar que la semana pasada, Gestión dio cuenta que el gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), que depende de Gobierno Regional de Arequipa, Arturo Arroyo, adelantó que el viernes 21 de enero se le remitirá una carta a la empresa en la que se refuta las cuatro causales expuestas para terminar el contrato.

Agregó que de manera extraoficial se le ha pedido a la empresa “más tiempo” -hasta el 15 de febrero- para concretar la aprobación de la adenda 13 (una de las causales esbozadas) que depende principalmente del Consejo Regional de Arequipa y que ya cuenta con el visto bueno del MEF, ProInversión y Contraloría.

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