septiembre 25, 2022

Paro de transportistas afectaría desempeño del comercio e impactaría en la canasta familiar, señala la CCL

El paro nacional de transportistas anunciado para este lunes 8 de noviembre afectaría las actividades vinculadas a la exportación e importación en el país, y a sectores como manufactura, comercio y agricultura, tanto en sus volúmenes de producción como en sus precios.

Así lo estimó la Cámara de Comercio de Lima (CCL) al indicar que con ello se restaría puntos a la necesaria reactivación económica que necesita el país, aumentando los precios de los productos, lo cual repercutiría en una mayor inflación no solo de los precios del consumidor, sino también de los mayoristas e incluso de materiales de construcción y de maquinaria y equipos.

Agrega que todo esto impactaría en la canasta familiar de los peruanos, quienes hacen sus esfuerzos para hacerle frente a las variaciones del tipo de cambio por la incertidumbre política.

Ahora, advierte, tendrían que enfrentar una nueva alza de precios.

Impacto en las exportaciones

Si se considera que este año se mantiene el mismo volumen de envíos del 2020 en las exportaciones de frutas y hortalizas, por cada día de paro se perjudicarían envíos de aproximadamente 5,000 toneladas de frutas y 3,000 toneladas de hortalizas, según cálculos del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la CCL (Idexcam).

Además, debido a que la mayor parte de estos productos son perecibles y salen por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el Puerto del Callao, si el paro no se resolviese pronto y si cierran y bloquean las carreteras, estos volúmenes de exportación se perderían.

Por ello, la CCL espera que el Gobierno no demore en resolver estos conflictos ni que escalen al punto de generar una mayor crisis para el país.

De otro lado, recordó que, si bien existe el derecho a la protesta, este no debe significar atentar contra los derechos de las personas, como son el libre tránsito, la seguridad e integridad, por lo que llamó al diálogo y cordura entre Poder Ejecutivo y los gremios de transportistas.

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