La niebla intensa no deja ver más que la silueta de los árboles que bordean el camino hacia el caserío de Alto Ihuamaca, a una hora de la ciudad cajamarquina de San Ignacio. Es un escenario que se repite cada año cuando llega la temporada de lluvias, entonces es posible ver como las nubes se mueven silenciosamente a ras del suelo dentro del bosque montano. “Es la transpiración de los árboles”, dice Alexander Campos, quien desde hace doce años camina a través de esa niebla como guardaparque del Santuario Nacional Tabaconas-Namballe. En Alto Ihuamaca se encuentra un puesto de control de esta área protegida y es donde se concentra parte del trabajo para la creación de la primera área de conservación regional de Cajamarca.
La propuesta del ACR Bosques El Chaupe, Cunía y Chinchiquilla nació como uno de los esfuerzos de la región norteña por proteger uno de sus cinco sitios prioritarios de conservación, en una de las ubicaciones más estratégicas, la zona de amortiguamiento del Tabaconas-Namballe.
El expediente final del ACR que protegería en total 21 868 hectáreas se encuentra en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el estado (Sernanp), tras su revisión entrará a la recta final, que es cuando la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) decide su aprobación. Para los comuneros de San Ignacio este es el capítulo más reciente de una lucha que comenzó hace décadas, cuando la defensa de un árbol podía costarles la vida.
Guardianes de los romerillos
Sentado frente a su escritorio de subdirector en el colegio San Juan Bosco, en la ciudad de San Ignacio, Wigberto Vásquez se detiene a recordar. Han pasado más de 26 años desde que la policía entró a su casa, en la noche del 27 de junio de 1992, para acusarlo junto a otros trece campesinos por un atentado a la maderera Incafor. Vásquez era el presidente del Comité de Defensa de los Bosques de San Ignacio y cuenta que en ese entonces, la empresa entró a esas montañas para extraer todo el romerillo (Podocarpus oleifolius) que encontrara a su paso.
El resto de la historia está registrada en los archivos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Ahí donde se guardan algunos de los episodios más violentos y tristes de la historia del Perú. En ese entonces, nadie escuchó la versión de los campesinos y la falta de pruebas no evitó que fueran acusados de terroristas. El Ministerio Público pidió para ellos 30 años de prisión. Luego de nueve meses de encarcelamiento y tortura en el penal de Picsi, en Chiclayo, los campesinos salieron absueltos. La fecha de su salida, el 5 de marzo, fue declarada en la provincia como el Día de la Ecología. Incafor tuvo que detener sus operaciones en el área.
Vásquez, quien acaba de concluir su gestión como consejero regional, cuenta que el área que defendían y por la que terminó encarcelado es parte del territorio que ahora esperan ver convertido en su primera ACR. “Eran 3000 hectáreas de romerillos que Incafor tenía en concesión desde inicios de los ‘90. Incluso construyeron un aserradero para sacar la madera en tablones y nosotros nos oponíamos a eso”, narra. Según estudios forestales realizados en San Ignacio en 1989, el volumen promedio del romerillo era de 71 metros cúbicos (28 árboles) por hectárea, con un diámetro mínimo de 40 centímetros y una altura de por lo menos cinco metros. Enrique Meléndez, caficultor de Bajo Ihuamaca, dice que se necesitaban hasta cinco personas para abrazar por completo a los romerillos más antiguos.
La biodiversidad y alto nivel de endemismo es propio de la ecorregión de los Andes del Norte, que van desde Venezuela hasta la parte norte del Perú. Foto: Diego Pérez / SPDA.
“En la zona del ACR hemos identificado romerillos con hasta 1.50 metros de diámetro. Para alcanzar ese grosor han tenido que crecer por más de 150 años”, comenta la bióloga Zoila Vega, consultora de Naturaleza y Cultura Internacional.
Aunque han pasado años desde la última vez que se censaron los romerillos en la zona de amortiguamiento del santuario, los pobladores aseguran que cada vez ven menos. En el 2009, la deforestación bordeaba las 4000 hectáreas anuales. Este problema ha generado cambios irreversibles en el clima de la provincia. “Cerca de aquí hay un pueblo que se llama Ciruelo porque cuando llovía, salía la ciruela. Ahora solo el nombre ha quedado”, cuenta Meléndez.
“Si la empresa se quedaba, Ihuamaca iba a terminar así, sin lluvias, como un desierto”, agrega. En medio de los más de 1000 árboles que ha reforestado en los últimos veinte años, don Enrique hace una pausa para mostrar uno de sus ejemplares favoritos, el eucalipto saligna. “Hay algunos árboles que hemos querido plantar para que la gente los conozca, al menos”, dice, mientras observa desde su terreno las huellas de la deforestación en las montañas, cicatrices que no dejan de aparecer en el paisaje.
“Aquí llegaban los traficantes a tu puerta y te mostraban un puñado de balas. ‘Esto es lo que te espera si no nos dejas pasar la madera’, te decían. Así se han llevado cedros, romerillos, se han levantado el bosque”, cuenta Fermín Facundo, quien fue teniente gobernador de Alto Ihuamaca a fines de los ‘90. Sin embargo, la tala ilegal tampoco ha sido la única causa de la deforestación. La expansión de la frontera agrícola y la creación de pastizales para el ganado presionan también este ecosistema de Andes Tropicales .
“Uno ha puesto tanto la cara para defender los bosques y que los mismos moradores lo terminen, es una lástima”, dice don Enrique. “¿Acaso vas a comer palo?”, le decían hace veinte años algunos de los comuneros que no veían beneficio en mantener el bosque en pie. “Pero están cambiando. Estamos aprendiendo”, confía este viejo caficultor de Bajo Ihuamaca.
Un ecosistema por resguardar
La lluvia y niebla que mantienen la humedad en esta selva empinada se encargan de reafirmar la peculiaridad de los bosques andinos tropicales: la de ser unos grandes almacenes y reguladores de agua. Por eso existen enormes cantidades de musgo adheridos a los troncos, como esponjas que al presionarlas sueltan pequeños chorros de agua helada. La hojarasca que cubre el suelo la recibe, haciendo las veces de un colchón de materia orgánica capaz de almacenar este valioso recurso que luego discurrirá como pequeños hilos para abastecer quebradas, ríos y asegurar la vida de las comunidades y ciudades cercanas. Cuando estos bosques desaparecen, los ciclos de la lluvia se desordenan, las sequías son más largas y las inundaciones inesperadas se convierten en un problema.
Según las primeras investigaciones realizadas dentro de esta ACR, dentro del territorio existen más de ochenta quebradas que alimentan a los ríos Chinchipe, Tabaconas y San Ignacio, que a su vez abastecen a ciudades como San Ignacio y son indispensables para la actividad agrícola. “El bosque se conserva para la gente”, dice la bióloga Vega.
A diferencia de las restricciones de un santuario, la clasificación de área de conservación permite salvaguardar especies endémicas pero también que la población local aproveche los recursos de su territorio de manera sostenible. En el caso de los Bosques El Chaupe, esto involucra a 70 caseríos en cinco distritos de la provincia de San Ignacio, es decir, Tabaconas, Namballe, Chirinos, La Coipa y el mismo San Ignacio.
