La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa, ha anunciado un fallo histórico, la condena de tres dirigentes del Valle del Tambo, Arequipa, por los delitos de tentativa de extorsión, entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbios y motín durante las protestas ocurridas en el 2015 contra el proyecto minero Tía María.
Pese a la importancia de este fallo, en medio de una convulsión social agraria en la costa sur y norte del país, la noticia ha tenido poca resonancia en medios. Sin embargo, es un antecedente para cientos de individuos implicados en los recientes disturbios que destrozaron la infraestructura de algunas empresas agroexportadoras del país, mediante extorsiones a quienes se negaban a acatar los bloqueos.
Hay que señalar que esta es la primera vez que supuestos “dirigentes agrícolas”, en este caso del Valle de Tambo, conocidos por ser enemigos de la inversión privada y pública, son llevados a la cárcel por delitos de esta naturaleza.
Inclusive algunos de los acusados se opusieron entre otras cosas a proyectos de irrigación en favor de miles de agricultores que padecen de falta de agua para sus cultivos, aparentemente porque con con estos se acababan las diferencias con la empresa minera.
El dirigente Pepe Julio Gutiérrez Zeballos, ha sido sentenciado por el delito de extorsión, en grado de tentativa, contra una minera, en este caso la Southern Perú Cooper Corporation y del entorpecimiento de los servicios públicos y disturbios en agravio del Estado, por lo que se le impuso una pena efectiva de 16 años de cárcel, a la cual se le descontará los dos años y nueve meses que cumplió en prisión preventiva en el penal de Socabaya.
Otro sentenciado es nada menos que el presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, Jesús Mariano Cornejo Reynoso, quien deberá cumplir siete años y cuatro meses de cárcel por los delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos y motín, mientras que el exalcalde del distrito de Dean Valdivia, Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, fue condenado a 12 años y cuatro meses por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos, disturbios y motín.
El primero y el tercero deberán pagar una reparación civil de S/500.000 y el segundo S/ 35 000. Adicionalmente, de manera solidaria, los tres sentenciados deberán abonar S/100 000.
Disponen su captura
Conforme a la lectura del fallo, se dispuso la ejecución provisional de la sentencia y la tramitación de los oficios para la captura de los tres dirigentes, quienes deberán ser trasladados al penal donde cumplirán su condena.
El caso estuvo a cargo de la fiscal provincial María Alejandra Cárdenas, quien realizó las investigaciones y sustentó la prisión preventiva contra los imputados, y la fiscal provincial María Alejandra Cabana Ocsa, quien asumió la sustentación y debate de los argumentos de la Fiscalía durante el juicio.
Los hechos
Según la acusación fiscal, Pepe Julio Gutiérrez amenazó, a través del abogado Jesús Gómez Urquizo, a los representantes de la empresa minera con continuar la protesta –que se desarrolló durante sesenta días en 2015– en contra del Proyecto Tía María para lograr la cancelación definitiva de su segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) si no accedían a sus requerimientos económicos por S/1 millón. Esto fue acreditado con los audios en poder de la Fiscalía.
Jesús Cornejo Reynoso, integrante del frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, participó en el bloqueo de vías de la trocha de acceso a Cocachacra el 15 de abril de 2015, impidiendo el normal funcionamiento del transporte público por dichas vías, dando órdenes a la multitud, pese a la exhortación de la Policía.
Además, en el contexto de su condición de dirigente y organizador del paro indefinido, desarrollado entre el 23 de marzo al 23 de mayo de 2015, se cometieron agresiones físicas a los transeúntes que deseaban utilizar las vías de comunicación de entrada y salida al Valle de Tambo, hecho que fue corroborado por testigos protegidos, vídeos y fotografías.
El sentenciado Jaime Trinidad De la Cruz Gallegos, junto a Cornejo Reynoso y Gutiérrez, habrían actuado argumentando que ejercían un derecho a la protesta ciudadana de los pobladores de Islay.
Bajo este argumento solicitaron al Ministerio de Energía y Minas o al Gobierno Central la cancelación definitiva de la concesión o proyecto minero denominado Tía María y la Tapada,pese a que el estudio de impacto ambiental ya se había aprobado y era inminente su ejecución.
Los sentenciados planificaron, informó la fiscalía a cargo de la acusación, organizaron y dirigieron acciones violentas contra los ciudadanos que se oponían a acatar el paro provincial, y luego regional, llevado a cabo entre el 23 de marzo y el 23 de mayo de 2015 en la provincia de Islay, y los días 12, 13 y 14 de mayo de 2015 en la ciudad de Arequipa.
Apelación
El Poder Judicial absolvió en este proceso a Richard Ale Cruz, Justo Paredes Torres, José Ramos Carrera, Juan Meza Igme, Hilario Cornejo Reynoso, Luis Justo Laredo, Esteban Pareja Prado, Martín César Juárez Bernedo, Víctor Zeballos Ortiz, Juan José Colquehaunca Chaiña, Héctor Herrera Herrera, Róger Manuel Ramos Flores y Jorge del Carpio Lazo.
Ante este fallo, las ONGs anti mineras activaron sus defensas, una de ellas la Red Muqui, cuyo fin es posicionar los puntos de vista y propuestas de las instituciones que conforman la Red y promueve campañas de comunicación con el objetivo de levantar sus temas a nivel nacional frente a la opinión pública y los medios de comunicación.
Esta red ha publicado numerosos tratados que son biblia del socialismo peruano, como LAS LUCHAS SOCIALES POR LA TIERRA EN AMÉRICA LATINA bajo la mirada de la Ghent Centre for Global Studies Ghent University de bélgica, con el apoyo del Fondo de Investigación de Flandes (FWO), cuya Ilustración de carátula: es “Conga no va”,de Fonky.
Fuente: agronegociosperu.org
