Son cinco días de caos, muerte y bloqueo de carreteras en el centro, norte y sur del país que no permiten el libre tránsito de mercancías y personas, dañando severamente al sector agrario, señaló AGAP.
La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) respaldó el proceso democrático, así como las reformas políticas necesarias para adelantar un nuevo proceso de elecciones generales que le den sostenibilidad al Perú.
No obstante, exige al gobierno de la presidenta Dina Boluarte “inmediata acción para evitar que grupos violentistas infiltrados en las marchas desestabilicen el país atentando contra instituciones públicas, empresas privadas, medios de comunicación, bloqueando el libre tránsito en las carreteras, tomando rehenes, enfrentándose a las fuerzas del orden, azuzando a la población con mentiras de índole político y causando dolorosas pérdidas humanas”.
El gremio señala que: “Son cinco días de caos, muerte y bloqueo de carreteras en el centro, norte y sur del país que no permiten el libre tránsito de mercancías y personas, dañando severamente al sector agrario e impidiendo que los trabajadores puedan ir a sus centros de labores”.
Además, comentan, que los productos agrarios son perecibles y de ello depende la alimentación de la población y el sustento de millones de agricultores y trabajadores. Las pérdidas económicas son cuantiosas en toda la cadena productiva agraria que en su mayoría son pequeñas empresas y agricultores familiares. Se están perdiendo puestos de trabajo y generando un daño irreparable en todo el sector agrario.
“Exigimos al Gobierno que cumpla su responsabilidad con el país defendiendo el estado de derecho y el orden público. Exigimos que declare el estado de emergencia, además de Apurímac, en Arequipa, Ica, La Libertad, entre otras regiones, dando protección a la ciudadanía, la propiedad pública y privada, y reestableciendo el libre tránsito en las carreteras de inmediato.
Finalmente, AGAP indicó que el país y el sector agrario se encuentran en una situación crítica. La democracia está siendo amenazada. Las instituciones tienen que defenderla en el marco de la constitución y la ley restableciendo urgentemente el orden, el libre tránsito y el estado de derecho en el Perú.
