La bancada de Juntos por el Perú presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modifica los beneficios tributarios para las empresas agroexportadoras, a fin de que se integren al régimen general.
A detalle, el PL 00419-2026-2031-CD apunta a “eliminar el tratamiento tributario preferencial a las grandes agroexportadoras”, en un contexto donde pagan el 15% del Impuesto a la Renta, a diferencia del 29.5% que tributan el resto de sectores.
Dicha tasa se extendió hasta 2035, a pesar de que se promovió su reducción paulatina en plena pandemia. Frentes como la OCDE exhortaron al Gobierno peruano a borrar esta medida porque, de mantenerse, el costo sería similar a unos S/ 20,000 millones para las arcas públicas.
El documento plantea modificar el artículo 12 de la Ley N.º 32434. Para las empresas agrarias con ingresos superiores a 1,700 UIT, plantea una tasa de 25% durante 2027 y su incorporación al Régimen General del Impuesto a la Renta desde 2028.
Mientras que las agroexportadoras con ingresos de más de 150 UIT y hasta 1,700 UIT, la tasa del 15% se mantendría entre 2027 y 2030 y pasarían al régimen general desde 2031.
Para las compañías que permanezcan bajo la tasa de 15%, el proyecto establece un pago a cuenta de 0.8% sobre sus ingresos netos mensuales.
Desde JP apuntaron también a que las empresas agrarias que declararon 100 o más trabajadores o ventas por encima de los 1,700 UIT en el ejercicio fiscal previo vuelvan a aportar el 9% sobre las remuneraciones sujetas a la contribución.
En caso de que las empresas que no lleguen a estos dos umbrales mantendrían el aporte del 6% hasta diciembre del 2028, y desde enero 2029, pasarían al 9%.
Dicho proyecto precisa que no se modifica el régimen del Impuesto a la Renta de los pequeños productores agrarios previsto en la Ley n.º 32434. También mantiene la posibilidad de aplicar medidas de asistencia técnica, financiamiento, innovación, infraestructura y acceso a mercados dirigidas a este segmento.
Cabe acordar que la Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP) cuestiona las iniciativas que buscan eliminar los beneficios de la ley agraria porque pone en riesgo 2 millones de empleos en zonas rurales.
“Las empresas grandes son las que más empleo generan, y la pequeña agricultura es la que sostiene el empleo en la zona rural; ambas se verían afectadas”, sostuvo Gabriel Amaro, presidente de AGAP a Agraria.pe.
