En un contexto de desafíos cruciales para la agricultura peruana, la reciente aprobación de la Ley 31973, conocida como la “Ley Pro-Agricultor”, surge como una herramienta fundamental para impulsar la formalización del sector, proteger nuestros recursos naturales y garantizar la competitividad en el mercado internacional.
Lejos de ser una amenaza, esta legislación representa una esperanza para miles de agricultores que buscan continuar sus operaciones y exportaciones, especialmente hacia destinos como la Unión Europea. La Ley reconoce y aborda la compleja realidad del agro nacional, promoviendo la formalización, la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.
Es importante desmentir las versiones negativas que han circulado sobre la ley. La Ley 31973 no promueve la deforestación, sino que se limita a predios donde la actividad agrícola está arraigada desde hace años y cuenta con un reconocimiento oficial del Estado. Además, reconoce el uso agrario del suelo que ya no posee cobertura boscosa, siempre y cuando exista un reconocimiento oficial.
La ley devuelve la función rectora de los Bosques de Producción Permanente (BPP) al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), manteniendo una consulta constante con el Ministerio del Ambiente (Minam) para la zonificación forestal. Este enfoque garantiza una gestión equilibrada y responsable de nuestros recursos naturales, preservando la biodiversidad y los ecosistemas.
La Ley 31973 no exime de responsabilidad a ninguna persona o entidad por actividades ilegales o tráfico de tierras, ni tampoco modifica el código penal. Los procesos judiciales en curso no se verán afectados, lo que demuestra el compromiso del Estado peruano con el imperio de la ley y la justicia.
A partir del 1 de enero de 2025, los agricultores solo podrán exportar a la Unión Europea (UE) si cumplen con estrictas normas anti-deforestación y georreferenciación de sus cultivos. El Midagri ya está implementando medidas para titular y formalizar las tierras agrícolas, aunque este proceso llevará tiempo y esfuerzo.
La “Ley Pro-Agricultor” cuenta con el respaldo de diversos gremios agrarios y organizaciones indígenas, demostrando un amplio consenso en la búsqueda de un desarrollo sostenible para la agricultura peruana. Cabe mencionar que en la Amazonía del Perú hay cerca de 500 mil Unidades Agropecuarias y que emplean a más de 1 millón de trabajadores.
La Ley 31973 marca un antes y un después en la agricultura peruana. Con su implementación, se espera impulsar la formalización, la competitividad y la sostenibilidad del sector, asegurando el bienestar de los agricultores y la protección de nuestros recursos naturales.
