La Ley de Compras Estatales de Alimentos de Origen en la Agricultura Familiar (Ley N° 31071), promulgada en noviembre de 2020, enfrenta desafíos en su implementación para fomentar el consumo de alimentos de la agricultura familiar. A pesar de algunos avances, se reconocen obstáculos como la falta de alineación entre la oferta de los productores y la demanda de los programas sociales. La participación activa de diversas entidades y el impulso de la certificación de buenas prácticas son clave para lograr el cumplimiento de la ley y fortalecer a los agricultores familiares.
En un diálogo liderado por PERUSAN y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se destacó la importancia de un enfoque integral en el sistema alimentario para abordar desde la producción hasta el consumo. Se subrayó la necesidad de fortalecer a los productores, implementar los comités de compras públicas de la agricultura familiar (Compragro) y garantizar la inocuidad de los productos. A pesar de los esfuerzos, persisten desafíos como conocer la oferta nacional, la capacitación de los agricultores y la coordinación entre entidades gubernamentales para alcanzar el objetivo de la ley.
La ley establece que las entidades públicas deben adquirir al menos el 30% de alimentos de la agricultura familiar para programas asistenciales. La implementación efectiva de esta legislación requiere un análisis detallado de la oferta alimentaria, considerando la diversidad y volúmenes de producción a nivel regional. Se destaca la importancia del Padrón de Productores Agrarios como recurso valioso para planificar las compras estatales y se insta a un compromiso integral de actores gubernamentales y de la sociedad civil en el proceso.
