La proyección de crecimiento del sector agrícola peruano para el año 2025 se mantiene en 7%, pese a la aplicación del arancel del 10% por parte de Estados Unidos. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, señaló que esta meta podría alcanzarse en la segunda mitad del año. Aunque Estados Unidos representa el 30% de las exportaciones agrícolas peruanas, Manero explicó que este arancel también se impone a nuestros principales competidores, lo que evita una desventaja competitiva directa. Asimismo, anunció que ya se han iniciado gestiones para revertir las observaciones impuestas, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo del sector.
Sin embargo, algunas voces críticas desconfían de esta perspectiva optimista. César Guarniz Vigo, exgerente de la Junta Nacional de Usuarios de Riego, advirtió que la falta de protección a la producción nacional ya ha comenzado a afectar más de 400.000 hectáreas de arroz. A nivel interno, uno de los principales retos es el reemplazo de la antigua Ley de Promoción Agraria, que fue sustituida por un nuevo esquema que obliga a las empresas a pagar un bono denominado “beta”, el cual ha generado tensiones en el sector agroindustrial.
Durante el lanzamiento del cuarto Agrofest, Ángel Manero explicó que este bono ha sido calificado como “anticompetitivo”, ya que no existe en países con los que Perú compite en exportaciones. Como medida de compensación, el ministerio propone devolver a las empresas el 50% del monto pagado, no en efectivo ni como crédito fiscal, sino mediante un bono canjeable por tierras estatales que se ofrecerán en futuras subastas. Esta iniciativa se enmarca dentro de una cartera de proyectos que busca habilitar más de un millón de nuevas hectáreas agrícolas.
La gestión del ministro ha generado controversia, sobre todo por sus recientes declaraciones en el evento ‘Jueves Minero’, donde afirmó que “la agricultura es un negocio” y que si un agricultor fracasa, “no debe pedirle nada al Estado”. Estas expresiones fueron rechazadas por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), que las calificó de despectivas y contrarias a la realidad de la agricultura familiar, responsable de generar la mayor parte del empleo rural y de involucrar a más de 3,8 millones de agricultores en todo el país.
En su defensa, Manero aclaró que sus declaraciones fueron malinterpretadas y que su objetivo era fomentar una transformación estructural en la pequeña agricultura. Según explicó, es necesario diversificar los cultivos y dejar atrás prácticas que ya no son rentables. Puso como ejemplo los recurrentes problemas con los precios del mango, proponiendo alternativas como el algodón o las frambuesas. No obstante, Luis Cruz, gerente de Conveagro, respondió que dichos problemas se deben al cambio climático y a la falta de medidas preventivas desde el Estado.
Cruz también criticó la limitada atención del ministerio a los diversos problemas que enfrenta el sector agrícola, como el acceso al financiamiento, la asistencia técnica, la adaptación al cambio climático y la comercialización de los productos. A su juicio, la actual gestión se ha centrado casi exclusivamente en la transportación, beneficiando principalmente al sector agroexportador, mientras la agricultura familiar continúa siendo relegada. Señaló que el 3% del sector agroexportador concentra más del 90% de la atención estatal.
En esa misma línea, el especialista en políticas públicas Miguel Vásquez calificó de “error garrafal” la visión del ministro, acusándolo de priorizar un enfoque rentista. Recordó que, según datos del INEI y el propio Midagri, la agricultura familiar abastece el 60% de la canasta básica del país y dirige el 98% de su producción al mercado interno. Además, genera el 65% del empleo informal rural y el 38,6% del empleo formal en el ámbito agrario. Vásquez concluyó que, ante esta falta de compromiso y capacidad, la única salida es la destitución del ministro.
Las críticas también apuntan al respaldo de Manero a la llamada Ley Chlimper 2.0, que busca restituir beneficios tributarios y laborales a los agroexportadores, y cuya aprobación está en debate en el Congreso. Organizaciones como la Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE) y la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú rechazaron públicamente su gestión, exigiendo políticas inclusivas y respeto por la agricultura familiar. Para el lunes 12 de mayo se ha convocado un plantón frente al Midagri, exigiendo la interpelación o censura del ministro por incapacidad para representar los intereses del agro nacional.
