La publicación de la Ley N.° 32434 representa un avance significativo en la política agraria del país. Si bien su objetivo principal es impulsar una agricultura moderna, competitiva y sostenible, sus efectos trascienden el ámbito agropecuario e impactan directamente en el sector inmobiliario y agroindustrial, al fortalecer la seguridad jurídica de la tierra.
De acuerdo con Alberto Meneses Gómez, director del área de Gestión Legal de Predios y Regulación Municipal del Estudio Olaechea, la norma introduce disposiciones que garantizan a productores y empresas –nacionales y extranjeras– el acceso a la propiedad de tierras, consolidando así un marco más previsible para la inversión.
Entre los puntos centrales, se ratifica la limitación de adquisición de predios por extranjeros en zonas de frontera, en línea con el artículo 71 de la Constitución. Asimismo, se precisa que los derechos sobre tierras no estarán sujetos a restricciones vinculadas a la extensión de la propiedad o al cambio de titularidad.
En materia de expropiación, se establece que solo procederá por necesidad pública y con fines de infraestructura o servicios, lo que refuerza la confianza en la estabilidad de la propiedad privada. También se reconoce la validez de transferencias realizadas en procesos de subasta a través de INADE y CEPRI Agricultura.
Otro aspecto clave de la norma es la simplificación administrativa: el Ministerio de Agricultura, los municipios y otras entidades deberán reducir trámites, licencias y sanciones, privilegiando la orientación antes que la multa.
Finalmente, se consolida la formalización de predios rústicos de uso agropecuario, con criterios diferenciados para pequeños productores y empresas agrarias, así como la exclusión de áreas sin disponibilidad hídrica o de protección ambiental.
Con estas medidas, la Ley 32434 busca abrir nuevas oportunidades de inversión, fortalecer la agroindustria y dinamizar el mercado inmobiliario rural.
