La reciente aprobación de la nueva Ley Agraria por el Congreso no es solo un ajuste normativo: es una apuesta clara por el crecimiento económico, la formalización laboral y la generación de más empleo digno en el país. Su promulgación por parte de la presidenta Dina Boluarte es determinante para consolidar al agro como uno de los motores de desarrollo más sólidos del Perú.
El sector agroindustrial ya ha demostrado su capacidad transformadora. En el 2024 alcanzó más de 535,000 trabajadores formales directos, según el Banco Central de Reserva. Y solo en La Libertad, epicentro de la agroindustria, se generaron 93,000 puestos de trabajo en el 2025, con proyecciones de superar los 100,000 al cierre del año. Estas cifras reflejan un impacto directo en la calidad de vida de miles de familias, quienes acceden a empleos formales, con derechos y beneficios garantizados.
El dinamismo laboral de la agroindustria tiene un efecto multiplicador: de acuerdo con la consultora Macroconsult, por cada empleo directo se crean cuatro indirectos, lo que amplía el alcance de los beneficios en comunidades enteras. De hecho, se estima que 2 millones 200,000 personas dejaron de depender de programas sociales en las últimas décadas, al acceder a un trabajo en el sector.
Además, los aportes al Estado son contundentes. Entre el 2000 y 2024, el fisco recaudó 7,380 millones de dólares en IGV por el pago de empleos directos en la agroindustria. Solo en el 2024, la agroexportación alcanzó 12,000 millones de soles en ingresos, de los cuales un 52% se destinó a sueldos de trabajadores, generando a su vez una recaudación de 698 millones de soles en IGV por sueldos. En total, en los últimos 24 años, 41,000 millones de dólares han sido destinados a remuneraciones, dinamizando economías regionales y locales.
La competitividad es otro factor central. En un contexto en el que el mercado internacional regula los precios, el Perú necesita un marco normativo que permita a sus empresas ser más productivas y atractivas para la inversión. La nueva Ley Agraria ofrece justamente eso: estabilidad y proyección, condiciones que no solo impulsarán las exportaciones, sino que también permitirán consolidar más empleo formal en el país.
La experiencia reciente muestra que la agroindustria ha sido un motor silencioso pero decisivo en la reducción de la pobreza y en la inclusión social. La continuidad de este proceso depende de normas modernas y realistas, capaces de fortalecer la inversión privada sin menoscabar los derechos de los trabajadores. La nueva ley respeta íntegramente los beneficios vigentes de la Ley N.° 31110, como CTS, gratificaciones, utilidades, 30 días de vacaciones, Bono BETA y afiliación a EsSalud.
Su implementación, por tanto, es crucial para consolidar un modelo de agricultura moderna, inclusiva y sostenible, sin comprometer los derechos laborales adquiridos.
En definitiva, el Perú no puede darse el lujo de retrasar esta transformación. La nueva Ley Agraria no solo garantiza derechos, sino que también abre la puerta a miles de nuevos empleos en diferentes regiones del país. Su promulgación debe ser entendida como una política de Estado que prioriza a la gente, la formalidad y el futuro del país. ¿O, en todo caso, dejamos de generar más oportunidades de empleo?
