Perú busca consolidarse como una potencia agroexportadora con el respaldo de la nueva Ley Agraria y la apertura de mercados en Asia, según señaló el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, en una entrevista con EFE. En 2024, el país alcanzó un récord de US$ 12,800 millones en exportaciones agrícolas, y se proyecta superar los US$ 15,000 millones este año. El ministro enfatizó que esta expansión será sostenida con mejoras en infraestructura y condiciones legales para el sector.
Uno de los cambios clave en la nueva ley es la reducción del Impuesto a la Renta de 25% a 15% para grandes agroexportadoras. Manero defendió esta medida, asegurando que no afectará la recaudación tributaria, y recordó que una situación similar ocurrió con la primera ley agraria en 2001, cuando los ingresos fiscales del sector se multiplicaron por diez. En cuanto al polémico “mercado del agua”, explicó que se busca mejorar la eficiencia en el uso del recurso hídrico, permitiendo a empresas que inviertan en infraestructura de riego acceder al excedente generado.
En el plano logístico, el ministro destacó la importancia del puerto de Chancay y las ampliaciones en los terminales del centro y sur del país, los cuales permitirán sostener el crecimiento exportador previsto, con una meta de incremento anual entre 22% y 23% durante las próximas dos décadas. Además, tras su reciente gira con la presidenta Dina Boluarte, adelantó que el Perú está cerca de cerrar un acuerdo fitosanitario con Japón para exportar arándanos, seguido por productos como el pollo. Indonesia, por su parte, se comprometió a aprobar este año la entrada de granada, mangos, cítricos y otros productos peruanos.
Sin embargo, Manero reconoció que los pequeños agricultores siguen enfrentando serios retos, especialmente en el acceso al agua y a mercados estables. Para ello, el Ministerio proyecta construir 1,200 reservorios y ejecutar nuevos proyectos de irrigación. En el aspecto económico, destacó el rol regulador que cumple la papa en los precios del mercado agrario.
Finalmente, el ministro abordó la denuncia en su contra por la anulación de una norma vinculada a las constancias de libre deforestación, exigidas por la Unión Europea. Explicó que el error ya fue corregido y que el nuevo enfoque contempla un sistema de certificación ambiental a cargo del sector privado, utilizando imágenes satelitales para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales.
