El Gobierno de Perú ajustó las condiciones de una de las intervenciones más importantes implementadas este año para sostener a los productores arroceros afectados por la sobreoferta y el aumento de los costos. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) estableció nuevos controles para la compra directa de arroz a la agricultura familiar, dentro de un programa que cuenta con S/ 120 millones y permite que cada productor habilitado venda al Estado hasta 250 sacos de 49 kilos, equivalentes a 12,25 toneladas.
La decisión llega después de una campaña especialmente compleja para la cadena arrocera peruana. La mayor disponibilidad del cereal presionó los ingresos de los agricultores, mientras fertilizantes y combustibles elevaron los costos de producción. La situación derivó a mediados de año en protestas y bloqueos de rutas en distintas zonas productoras. Frente a ese escenario, el Ejecutivo aprobó en mayo el Decreto de Urgencia N.° 005-2026 para retirar parte de esa producción del mercado y destinarla a hogares vulnerables.
El mecanismo tiene una doble finalidad: comprar arroz directamente a productores de la agricultura familiar y distribuirlo posteriormente entre familias en situación de pobreza y pobreza extrema. La ejecución está en manos de Agro Rural, que deberá coordinar las adquisiciones, verificar la calidad del cereal, organizar la logística y trasladar el producto hasta las entidades encargadas de su entrega.
Las condiciones centrales para los agricultores se mantienen. Cada productor considerado apto podrá comercializar como máximo 250 sacos de 49 kilogramos, mientras que Agro Rural deberá revisar el 5% de cada lote para controlar la calidad. Una vez concretada la operación, el dinero deberá acreditarse mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Uno de los principales cambios apunta a transparentar quiénes podrán acceder a las compras. Antes de cada operación, Agro Rural tendrá que publicar la relación de agricultores convocados que formen parte del Listado Final de Productores de la Agricultura Familiar Aptos. La nómina permanecerá disponible por un máximo de tres días calendario, período durante el cual los productores podrán verificar su inclusión y completar documentación pendiente antes de suscribir los contratos.
El acceso, sin embargo, estará limitado a quienes ya integren ese padrón. Midagri dispuso que la lista solo podrá actualizarse excepcionalmente hasta el 15 de octubre de 2026 y en un máximo de dos oportunidades. Los cambios estarán permitidos por desistimientos, modificaciones de comercializador o errores materiales en información como DNI o RUC, pero no podrán incorporarse agricultores que hayan conocido tardíamente la existencia del programa.
La nueva resolución también endurece los requisitos sobre la cadena logística. Las empresas encargadas del transporte, almacenamiento, envasado, maquila y otros servicios vinculados con las compras deberán contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), independientemente del monto contratado. La exigencia amplía los controles sobre una operación que no termina en la tranquera, ya que el arroz adquirido debe acondicionarse y movilizarse posteriormente hacia los puntos de distribución.
La dimensión económica del programa quedó definida en mayo, cuando el Gobierno autorizó S/ 120 millones para adquirir, trasladar y distribuir arroz, además de otros S/ 50 millones destinados al mantenimiento de infraestructura de riego. La intervención buscó responder al deterioro de la situación de los productores, en momentos en que la combinación de sobreoferta, menores ingresos y mayores costos productivos impulsó fuertes reclamos en regiones arroceras.
Las compras ya comenzaron a materializarse. En agosto, Agro Rural concretó la primera operación al adquirir 122,5 toneladas a 10 productores de Loreto por S/ 318.500. Esa experiencia marcó el inicio efectivo de un esquema que ahora deberá avanzar con reglas más estrictas para seleccionar agricultores y contratar a los proveedores involucrados en el movimiento y acondicionamiento del cereal.
La estrategia supone que el Estado se convierta temporalmente en comprador de parte de la cosecha de pequeños agricultores y, al mismo tiempo, utilice ese alimento dentro de sus políticas de asistencia. Para el productor, el punto decisivo será la posibilidad de colocar hasta 12,25 toneladas mediante una venta directa, en un año en el que la abundancia de arroz terminó convirtiéndose en un problema económico para numerosas zonas productoras del país.
La Resolución Ministerial N.° D000415-2026-MIDAGRI-DM no modifica el destino final del cereal ni los criterios establecidos para los beneficiarios. Agro Rural continuará trasladando las compras hacia las entidades receptoras responsables de atender a hogares vulnerables. Con el padrón prácticamente cerrado y plazo para modificaciones hasta el 15 de octubre, la siguiente etapa será acelerar la utilización de los recursos asignados y transformar el presupuesto disponible en nuevas operaciones con productores.
