La economía peruana enfrenta dos desafíos cruciales que están impactando la prosperidad del país: la recesión y el estancamiento económico. Según informes del Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se pronostica un crecimiento económico menor al 1%, y la agricultura sufre una disminución del 2%, marcando su peor crisis en 26 años.
Lo preocupante es que hasta ahora no se han tomado medidas concretas para revertir esta situación y revitalizar el sector agrario formal. Esto afecta a todos los peruanos y no puede resolverse por inercia. La única salida de esta crisis es impulsar la inversión privada, brindar seguridad jurídica y ejecutar un plan para reactivar los sectores económicos y mejorar la competitividad. Esto es responsabilidad del gobierno y el Congreso de la República, y deben actuar sin demora ni populismo.
Desde el sector privado se han venido advirtiendo sobre esta situación durante meses, y las cifras respaldan estas advertencias. La Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP) ha presentado propuestas para reactivar el sector agrario formal, que emplea a más del 25% de la población económicamente activa y genera empleos formales en las zonas rurales.
Además, la agricultura es el segundo sector exportador del país después de la minería y contribuye con más del 11% del Producto Bruto Interno (PBI) Nacional, incluyendo la industria de bienes y servicios que atiende las cadenas productivas agrarias. Esto demuestra la importancia de un enfoque multisectorial coordinado para promover la competitividad en la agricultura, que involucra a sectores como Comercio Exterior, Trabajo, Ambiente, Producción y Economía.
El sector agrario formal ha perdido competitividad debido a varios factores, siendo uno de los más significativos la derogación de la Ley de Promoción Agraria en 2020 y la aprobación de una nueva Ley Agraria que no atendió las necesidades de los productores, sino que se basó en una perspectiva ideológica y populista. Esta legislación ha aumentado los costos y los riesgos sin mejorar la productividad, dañando el desarrollo del sector.
Además, el gobierno anterior, presidido por Pedro Castillo, también afectó la agricultura con corrupción, destrucción institucional y reformas agrarias perjudiciales que culminaron en un golpe de estado.
La actual regulación agraria y la falta de un plan de reactivación van en contra de las recomendaciones de la FAO y el Banco Mundial, que abogan por el apoyo a las empresas del sector alimentario y promueven la colaboración público-privada.
La situación se agrava debido a factores externos como la crisis económica global, la volatilidad de los mercados internacionales y conflictos en el mundo. La crisis económica y social interna, sumada a fenómenos climáticos como El Niño, también afectan gravemente al sector agrario, aumentando sus costos de producción y disminuyendo su competitividad.
Es urgente que el Gobierno y el Congreso de la República reconozcan la gravedad de la situación y aprueben un plan de reactivación económica para el sector agrario. Deben establecer un marco regulatorio que fomente la competitividad y productividad desde la perspectiva de los productores y las empresas agrarias. Solo así se podrá recuperar el sector y revertir los efectos negativos que afectan a productores, trabajadores, familias, consumidores y al país en su conjunto. La acción urgente y responsable es necesaria para impulsar el crecimiento económico de Perú.
