El gobierno de Dina Boluarte Zegarra muestra un trato especial hacia el Congreso de la República, pero deja de lado al sector prioritario de la nación como lo es el agro. Éste es, sin duda, uno de los momentos más dramáticos del agro, por lo menos en el tiempo que nos ha tocado vivir.
Se esperaba una respuesta conjunta por parte del Estado, especialmente del gobierno central con medidas destinadas a aliviar los efectos del fenómeno “El Niño” en el centro-norte y la prolongada sequía en el sur del país.
Ningún gobierno en la memoria colectiva ha tratado tan mal al sector agrario como el actual régimen, a pesar de que la presidenta proviene de una familia de raíces agrarias. Parece que el gobierno de la Dra. Boluarte no tiene la menor intención de cumplir con lo que establece el artículo 88 de la Constitución Política del Perú.
Es importante recordar que el campo alberga casi el 25 % de la población nacional y produce el 70 % de los alimentos que consumimos los peruanos. Además, el 37 % de la población económicamente activa se encuentra en el sector agrícola, y generar un empleo en este ámbito cuesta ocho veces menos que en la industria y casi 20 veces menos que en la minería.
Mientras el agro recibe una atención mínima por parte del Estado, el gobierno de la Sra. Dina Boluarte no escatima en utilizar los recursos de todos los peruanos para satisfacer los caprichos del Congreso de la República. Mientras los agricultores de las regiones del norte pedían apoyo del gobierno central para salvar a sus animales que estaban muriendo por la falta de agua y pasto, y luego para salvar sus cultivos afectados por las intensas lluvias provocadas por fenómeno “El Niño”, el gobierno se mantuvo sordo, ciego y mudo.
Sin embargo, sí actuó rápidamente para atender las demandas del parlamento, asignándoles a través del Ministerio de Economía y Finanzas un crédito suplementario de 48.000.000 de soles. Estos fondos se destinaron al mantenimiento del sistema eléctrico, la renovación de los servicios higiénicos de las instalaciones del parlamento, la sala de conferencias, la asistencia de votación electrónica en el hemiciclo, la construcción de una nueva biblioteca y un nuevo local para el servicio médico, y la instalación de alfombras, como si estas fueran las prioridades más importantes.
Además, según la información proporcionada por el Portal de Transparencia del Congreso, durante los dos últimos años, la Mesa Directiva del Congreso de la República, en las gestiones de la Dra. María del Carmen Alva Prieto y José Williams Zapata, aprobó el desembolso de S/1.294 millones para financiar los pasajes aéreos y viáticos de 54 parlamentarios que viajaron al extranjero.
Resulta sorprendente y preocupante que el gobierno actual actúe con condescendencia hacia un Poder Legislativo que cuenta con una desaprobación del 90 % de la población, al mismo tiempo que muestra indiferencia hacia el agro, sector que garantiza nuestra alimentación diaria.
A esto se suma la aprobación de 35.6 millones de soles por parte de la Mesa Directiva del Poder Legislativo para otorgar bonos a 3.600 empleados del parlamento con motivo del Día del Trabajo, así como otros gastos costosos destinados a regalos para las congresistas en el Día de la Madre. Estas acciones son una bofetada a las necesidades urgentes del campo.
El presupuesto asignado al Congreso de la República asciende a 928 millones de soles, una cifra significativa que difiere enormemente de los resultados de productividad de los parlamentarios. Mientras tanto, en el Perú, solo 10 empresas agroindustriales emplean a más de 3.600 trabajadores, y ninguno de ellos recibe bonos de productividad por una suma de S/9.900.
Nos encontramos ante un hecho inaceptable de discriminación y manipulación, una situación cuestionable desde cualquier perspectiva. A pesar de las dificultades y desafíos que enfrenta el agro, sigue siendo vital para el Perú, especialmente ante la amenaza de la inseguridad alimentaria.
En lugar de malgastar los recursos de todos los peruanos en vanalidades, es imperativo asignar más recursos al sector agrario. Estos recursos podrían ser utilizados para resembrar las áreas perdidas, promover cultivos complementarios, implementar proyectos de siembra y cosecha de agua, impulsar el repoblamiento ganadero, llevar a cabo programas de reforestación y fomentar la apicultura.
El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben tener en cuenta, en primer lugar, que la crisis internacional actual no muestra signos de resolverse a corto plazo. Por lo tanto, el desarrollo integral del sector agrícola se vuelve crucial para restablecer la precaria seguridad alimentaria y la débil paz social en el país.
