El crecimiento económico del Perú ha sido motivo de reconocimiento a nivel internacional durante las últimas décadas. Gracias a sólidos fundamentos macroeconómicos, el país ha logrado posicionarse como una de las economías emergentes más dinámicas de América Latina. Uno de los principales motores de esta evolución ha sido el desempeño de las exportaciones, que pasaron de 35,000 millones de dólares en 2010 a más de 71,000 millones en 2024. “Cuando miramos esas cifras, notamos que es un resultado impresionante, más del doble, un dato que difícilmente se puede cuestionar”, destacó el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes.
Este impulso exportador no ha estado concentrado en la capital, sino que se ha expandido con fuerza en las regiones del interior del país. Mientras Lima ha mantenido sus niveles de exportación estables en torno a los 11,000 millones de dólares, departamentos como Cusco y Madre de Dios han multiplicado varias veces sus envíos al extranjero. De hecho, alrededor de una docena de regiones han crecido a tasas superiores al 10% anual entre 2010 y 2024, consolidando un mapa de desarrollo más descentralizado y equitativo.
Pérez Reyes explicó que estos resultados no son fruto del azar. “Cuando comparamos el Perú actual con el de hace algunos años, vemos muchas similitudes, pero también un cambio estructural: hoy tenemos una economía que apuesta firmemente por la inversión privada”, afirmó. Esta transformación ha permitido diversificar la matriz productiva del país, que en los años 80 dependía casi exclusivamente de las exportaciones mineras, y ahora incorpora con fuerza la agroexportación como uno de sus pilares.
Aunque el país sigue siendo abiertamente minero, hoy es también un claro referente agroexportador. El ministro recordó que gran parte de esta transformación se dio gracias a las inversiones privadas en infraestructura, particularmente en puertos, que facilitaron el crecimiento del comercio exterior. “Más del 92% de las agroexportaciones salieron por puertos peruanos. Sin esa mejora, este desarrollo habría sido imposible”, subrayó.
Sin embargo, el crecimiento sostenido también ha traído consigo nuevos desafíos. La expansión económica generó mayores demandas sociales y, con ello, una serie de regulaciones que, en algunos casos, terminaron obstaculizando la inversión. Aunque algunas de estas normativas respondieron a necesidades legítimas, otras se convirtieron en trabas burocráticas que protegieron intereses particulares. Esta situación motivó al gobierno a impulsar un paquete de medidas orientadas a reducir barreras innecesarias.
Como parte de este esfuerzo, el MEF lanzó un plan de desregulación que ya incluye 186 medidas implementadas, y que busca eliminar trámites que retrasan proyectos económicos. Uno de los puntos centrales es que si un proyecto ya existe y solo requiere mejoras, no será necesario presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental. Esta iniciativa, conocida como «shock desregulatorio», busca dar mayor agilidad al aparato productivo nacional y reforzar la confianza del sector privado.
En paralelo, el ministro remarcó la importancia de contar con una política industrial moderna que identifique sectores con alto potencial que aún no han sido aprovechados. Puso como ejemplo el caso del sector transporte, que gracias a una reducción transitoria del impuesto a la renta pasó de mover 480 millones de dólares en 2002 a convertirse en una industria clave para el país. Para Pérez Reyes, lo que se necesita es descubrir actividades donde exista ventaja competitiva, pero que estén frenadas por intervenciones estatales o sesgos tributarios.
Finalmente, expresó su respaldo a la creación de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), que buscan atraer inversiones mediante beneficios tributarios escalonados. No obstante, advirtió que la inclusión de un artículo que obliga a que un porcentaje de la producción provenga de micro y pequeñas empresas podría contravenir tratados internacionales como los firmados con Estados Unidos y la Unión Europea. “Las mypes, naturalmente, participarán en estos procesos, pero no se puede imponer por ley una cuota que podría traer problemas legales y comerciales”, concluyó.
