El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, señaló que el proceso de reorganización del sector a su cargo, iniciado el 5 de agosto último como una de las primeras medidas del Gobierno de Keiko Fujimori, está por concluir y tendrá su propuesta final en la primera semana de diciembre próximo.
En conferencia de prensa, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), indicó que ese proceso corresponde únicamente al Midagri y a su órgano adscrito, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), y que el resultado del mismo lo darán a conocer en las próximas semanas.
Añadió que en los siguientes meses se enfocarán en hacer alguna reorganización de los demás organismos adscritos a ese ministerio, como son el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) e incluso el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).
El proceso de reorganización se aprobó el 4 de agosto, vía Decreto Supremo 008-2026-MIDAGRI, con el objetivo de evaluar su situación administrativa, organizacional y de gestión, y proponer las medidas de reforma que correspondan.
La necesidad de iniciar ese proceso radica en que, según ese decreto, se habían identificado limitaciones y debilidades significativas en su estructura organizacional y en el ejercicio de su rectoría, sustentados, entre otros, en un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En cualquier caso, el titular del Midagri aseguró que el proceso de reorganización de dicho ministerio no va a afectar la atención que esa cartera está brindando a las tareas de prevención ante el fenómeno de El Niño Costero (FEN).
Gestión consultó a extitulares de ese ministerio y expertos del sector agrícola sobre qué aspectos consideran que debería tomar en cuenta una reestructuración del Midagri.
Para el exministro Juan Manuel Benites, cualquier cambio real tiene que seguir una secuencia lógica: definir qué agricultura quiere el Perú a 20 o 30 años, resolver los habilitadores transversales para la competitividad, simplificación de normas y, recién al final, diseñar la estructura institucional. No al revés.
Observó que el sector agroexportador ya camina con fuerza propia, por lo cual la gran deuda pendiente es la agricultura familiar. Para elevar su productividad e ingresos no basta mirar el sector desde un escritorio en Lima, reclamó.
“Se requiere una mirada territorial articulada: carreteras, conectividad, electrificación y servicios públicos que apalanquen la inversión privada del propio productor, superando el asistencialismo”, anotó.
Señaló que, para que el pequeño productor mejore sus ingresos, la reorganización debe ordenar las capacidades del Estado en cuatro frentes clave. El primero de ellos, asistencia técnica con enfoque de mercado.
A ello le sumó seguridad hídrica y riego tecnificado, así como seguridad jurídica sobre la tierra, que permitan acelerar el cierre de brechas para la titulación y de esa forma facilitar el acceso al crédito, además de promover la asociatividad con incentivos reales.
Benites consideró que la informalidad en el campo se explica en buena parte por la maraña regulatoria y los costos que exige formalizarse, por lo cual se necesita una desregulación seria, aprovechando herramientas tecnológicas e IA para auditar trámites y eliminar duplicidades.
Para el exministro Ángel Manero, sin duda hay espacios para mejora en el Midagri, lo cual requieren ajustes normativos para disminuir la tramitología e implementar el gobierno digital.
Además, en referencia a lo que falta en la ANA, indicó que se necesita redefinir la forma de entregar los derechos de agua y los títulos de propiedad a pequeños productores.
Manero observó que se requiere diseñar mecanismos más eficientes de inversión para pequeños proyectos de almacenamiento de agua. Se necesita además convertir el ministerio en un desarrollador de oferta con orientación al mercado y establecer derechos de propiedad para plantaciones forestales comerciales.
A su turno, el exgobernador regional de Ica y presidente de la consultora Inform@cción, Fernando Cillóniz, opinó que, más que cambio de direcciones, en el Midagri se necesita un cambio de personal, dado que en los últimos 10 años sucesivos gobiernos han incorporado a personas no profesionales y sin ningún mérito.
En el caso de la ANA, refirió que no solamente hay demoras en la aprobación de trámites, sino que dio a entender que no realiza labores de supervisión pese a la presencia de, por ejemplo, pozos ilegales, como los que, denunció, abundarían en Ica.
En otro momento, consultado sobre este último aspecto, el ministro Vinelli reconoció que no podrán atender todos los 1,800 puntos críticos que este Gobierno había identificado que era necesario abordar para estar mejor preparados cuando arriben las intensas lluvias que suele traer el FEN.
Explicó que, de ese universo de 1,800 puntos críticos, el Gobierno central había priorizado 536, los cuales están siendo atendidos, pero que con el apoyo del sector privado y de los gobiernos regionales y locales se sumaron otras zonas de peligro, con lo cual la atención llega a un total de 700 puntos críticos.
En tal sentido, reconoció que hay una cantidad enorme de puntos críticos que, por un tema de tiempo, no se están atendiendo en este periodo, recordando que han asumido el Gobierno el 28 de julio último.
Sin embargo, refirió que desde julio habían empezado a acelerar las acciones para mitigar los impactos de esa anomalía climática, cuyas obras por S/ 2,000 millones -remarcó- están al 85% y estarán concluidas en las próximas semanas, a fin de estar preparados para la temporada de lluvias en la costa.
El ministro Vinelli refirió que su sector ha destinado S/ 2,000 millones al Seguro Agrario Catastrófico para la cobertura de indemnizaciones para la campaña agrícola 2026-2027 a los productores agrarios cuyos cultivos sean afectados por huaicos, inundaciones o desbordes de ríos que cause el FEN.
Detalló que la póliza de ese seguro tiene una cobertura de S/ 1,000 por hectárea agrícola afectada, en función al tamaño de sus cultivos que resulten dañados, aunque aclaró que no es un seguro que cubrirá los costos de producción, sino permitir que los agricultores tengan un flujo de efectivo de ocurrir el desastre.
Señaló que, aunque ese monto puede sonar reducido para algunos, su sector ahora no lo puede modificar porque, cuando asumió el Gobierno, el contrato para la cobertura de ese seguro ya estaba firmado (por la gestión anterior).
“Lo que sí podemos hacer es evaluar para las siguientes campañas, cuando culmine la póliza, y se vaya a renovar el seguro, el introducir algún tipo de mejora, sobre todo en la atención de los desastres para que los productores tengan mucho más [cobertura] que lo contratado en este momento”, anotó.
Estas declaraciones las dio, luego de anunciar una alianza entre el Midagri y Yape, que permitirá a través de ese aplicativo digital que los usuarios reporten situaciones de emergencias en sus localidades ante la Comisión Nacional de Gestión de Riesgo del Fenómeno El Niño, a cargo del citado ministerio.
