La primera gran crisis de conflictividad social del presente gobierno ha ocasionado la derogatoria del régimen de promoción agrario y ha traído incertidumbre por las nuevas reglas de juego, cuya reglamentación está en curso. Esta crisis nos deja varias grandes lecciones para el futuro, considerando el incentivo que se ha generado para situaciones similares y que podría repetirse en el marco legal de otras actividades económicas.
La primera gran lección es que, a pesar del gran consenso que existe del éxito social y económico del sector agroexportador, si no hubiera un caldo de cultivo social y laboral esta crisis no debería haberse producido en la dimensión que vimos, pues más que un problema de defectos en la ley era un problema de incumplimiento laboral. A nivel macro, la crisis demostró que no basta tener un sector con una historia exitosa si no logra incluir a la mayoría de la población y si a la par reina una gran impunidad laboral por el incumplimiento masivo de los informales y también -hay que decirlo, aunque en menor dimensión- de un sector de los formales. Y esta situación de caldo de cultivo e impunidad ocurre en casi todas las actividades.
Y esto es responsabilidad de tres actores: i) De las empresas informales que incumplen impunemente, pero también de las empresas formales y sus gremios que no separan el trigo de la paja y no asumen un compromiso más visible contra esa abierta competencia desleal que termina manchando a las buenas empresas. Por ello, es positivo que en el sector formal ya se empiece a hablar de “combatir a las empresas piratas”; ii) del Estado, que no previene ni sanciona ejemplarmente los incumplimientos (es un clamor tener a una SUNAFIL mucho más fortalecida, tecnificada, objetiva y presente en todo el país) y, iii) también, hay responsabilidad de trabajadores y sindicatos que, según SUNAFIL, acuden en un número muy bajo para denunciar, existiendo mecanismos ágiles para ello.
La segunda lección, es que debemos evitar con las armas de la ley que la calle mande. No es sano para la estabilidad social y política del país que se instale en el pensamiento sindical y laboral que la calle manda y que hay que acudir a ella, violando abiertamente derechos de terceros, para lograr medidas en el Congreso o en el Poder Ejecutivo. Y en esto la responsabilidad es de todos. El derecho de protesta está en la Constitución, pero no existe el derecho a cerrar carreteras ni a atentar contra la propiedad pública o privada. Más grave aún, no existió ninguna razón para hacer que la autoridad (la Policía Nacional) prácticamente, al inicio, renuncie a reestablecer el orden. No fue bueno que ello ocurra.
La tercera lección es que los regímenes promocionales no pueden ser eternos, pero para saber si ya debe concluir debe hacerse un estudio específico que analice diferentes factores, entre ellos, si el régimen ha logrado cumplir las metas económicas, sociales y de formalización laboral para los que fue creado. Debe también identificarse las razones del éxito y qué aspectos podría extenderse a otras actividades. Es decir, hacer más ciencia que política. En esa misma línea, considero que lo más beneficioso fue la flexibilidad, sin restarle importancia a la reducción de costos que permitió a las empresas competir en mejores condiciones.
Finalmente, es importante enfatizar que el Estado siempre debe asumir su responsabilidad. No puede renunciar a ejercer la defensa de los derechos de ciudadanos que quieren circular libremente y vivir en paz. Tampoco debe permitir la impunidad laboral, que es la madre de los conflictos laborales, esa impunidad genera injusticias y es caldo de cultivo que nos hace repetir la historia del péndulo laboral. Y, por último, la autoridad no debe mostrarse pasiva de que la calle mande. Eso es muy peligroso para todos.
Nancy Laos Cáceres – Ex ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
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