Ante la falta de decisión política que ha tenido el Ejecutivo en los últimos años para que se reinicie las obras de la Tercera Etapa de Chavimochic, en especial de la presa Palo Redondo, el gobernador regional de La Libertad Manuel Llempén Coronel está dispuesto a firmar con Odebrecht y asumir el riesgo político.
“Estoy dispuesto a firmar el destrabe de Chavimochic si es que el ministerio de Agricultura nos devuelve las facultades, porque siento que hay temor y están esperando el arbitraje” indicó en radio Exitosa el gobernador.
Son 150.000 nuevos puestos de trabajo los que se van crear al incorporar a la producción agrícola 30.000 hectáreas de tierras que están preparadas y listas para ser cultivadas, las que por ahora no se pueden utilizar por falta de agua para su riego y al ser utilizadas van a generar una inversión privada de entre U$S 500 a 1.000 millones en inversiones privadas.
“La empresa concesionaria tiene aún el contrato para la culminación de la presa. Es fácil reanudar la obra, terminarla y que dejen la concesión. Estamos en el tercer presidente y no se toma la decisión política de negociar con la empresa. Mi última decisión es que yo quiero firmar el reinicio de las obras si el Gobierno me entrega, asumo toda la responsabilidad de que esta obra está libre de todo acto de corrupción que pueda existir”, expresó la autoridad regional.
Tras las acciones y gestiones de las autoridades de la región La Libertad y del Proyecto Especial Chavimochic (PECH), el Ministerio de Desarrollo Agrario publicó la Resolución Ministerial n.° 0036 – 2021 – Midagri, a través de la cual dispone que la Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego del Midagri asuma la gestión y administración del contrato de concesión entre el Gobierno Regional de La Libertad y la empresa Concesionaria Chavimochic SAC, respecto a las obras de la III Etapa.
Arbitraje
Los representantes de la empresa concesionaria (Ex-Odebrecht, hoy OEC), que aún está al frente de las obras de la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (Pech), han advertido que si el fallo del laudo arbitral, que está a días de conocerse, resulta en su contra y se decide anular el contrato, acudirían a nuevos arbitrajes y eso significaría retrasos por al menos 5 años más.
La República
