El reciente acto legislativo que deroga el Decreto Legislativo 1607, aprobado con 79 votos a favor, 16 en contra y 11 abstenciones, ha desencadenado una ola de preocupación en diversos sectores del país. Este decreto, que inicialmente se promulgó para contener el avance del crimen organizado asociado a la minería ilegal en Perú, ahora ha sido eliminado, desatando temores sobre el futuro de la conservación ambiental y la estabilidad económica.
Las repercusiones de esta derogación son vastas y preocupantes. Según Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), esta decisión podría llevar a un aumento significativo en la deforestación, especialmente en regiones como la selva, donde la minería ilegal ha causado estragos en los últimos años. Además, se teme que la contaminación de ríos y cuencas, vitales para la agricultura y el suministro de agua potable, aumente drásticamente, amenazando los ecosistemas y la salud pública.
La eliminación del marco jurídico que respaldaba la formalización de actividades agrarias y mineras ilegales plantea desafíos adicionales para la seguridad y el desarrollo sostenible del país. No solo se afecta a los pequeños y medianos productores, sino que se pone en riesgo toda la cadena productiva agraria, con consecuencias que se extienden a todos los sectores económicos y a la población en general. Es fundamental que se tomen medidas urgentes para abordar estas preocupaciones y proteger los recursos naturales que son vitales para el futuro de Perú.
