En agosto de 2015, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley General de Acuicultura, cuyo objetivo primordial es fomentar, desarrollar y regular esta actividad en diversos ambientes. Esta legislación establece 10 principios fundamentales, entre los cuales destacan la sostenibilidad, el enfoque ecosistémico, la seguridad alimentaria y la sanidad. Dichos principios son clave para asegurar un desarrollo responsable y sostenible de la acuicultura.
Además, la Ley dio origen al Sistema Nacional de Acuicultura (SINACUI), creado para orientar, coordinar y supervisar la aplicación de la política pública relacionada con la acuicultura a nivel nacional. El Ministerio de la Producción lidera este sistema, que incluye la participación de diversos ministerios y entidades como el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes).
El Produce, como parte del SINACUI, tiene importantes funciones, como diseñar normativas para la gestión acuícola, apoyar técnicamente a los Gobiernos Regionales y monitorear la ejecución de los Planes Regionales de Acuicultura. Por su parte, el Fondepes promueve el desarrollo acuícola a través del otorgamiento de créditos y apoyo en infraestructura para acuicultores.
La Ley también establece categorías productivas en la acuicultura y requisitos ambientales para su desarrollo. La aprobación de instrumentos de gestión ambiental es crucial, variando según la categoría productiva. Este marco regulatorio busca garantizar un equilibrio entre el desarrollo de la acuicultura y la protección del medio ambiente.
